Uno de los grandes megaproyectos de este gobierno es sin lugar a dudas el aeropuerto de Santa Lucía, el cual se anunciaba con bombo y platillo desde que López Obrador ganó las elecciones y echo a andar desde que tomó el poder.
Desde su perspectiva, esta obra es una de las más importantes no solo de su sexenio, sino de la historia de México, pues para el presidente, todo arrebato de soberbia debe tener un monumento que recuerde al artífice de la idea plasmada, y en este caso, vale más la remembranza histórica que la funcionalidad de lo que se construye.
Se hizo el primer aterrizaje en una de las pistas "construidas" en "tiempo record" para demostrar que los proyectos se están ejecutando y que tarde o temprano tendremos, en palabras del propio presidente, el aeropuerto más importante del mundo. Sí, desde su demagogia sigue externando todo pensamiento iracundo el cual no cuadra con una realidad vociferante que diariamente le recuerda que las cosas no son como se piensan, y sí como son.
Casi dos años después de la cancelación de Texcoco y con una "consulta" amañada, el gobierno de López Obrador no ha podido, o no ha querido, demostrar toda la corrupción imperante que desbordaba el proyecto del anterior aeropuerto, pese a que en múltiples ocasiones ha descalificado y tachado a todos los empresarios que participaban en éste como parte de la mafia del poder que se había enriquecido a costa de los contratos de construcción. No tengo duda sobre ello, no tengo duda que algunos empresarios participaron en corruptelas que los llevó a ganar licitaciones, el punto es que esto no es de creencias sino de pruebas que nos lleven a una correcta impartición de justicia y no a recontratar a esas empresas para que ahora edifiquen un capricho personal, pues es claro que entre los participantes no sólo está el ejército, sino algunas compañías que estaban encargadas del anterior proyecto, sí, las mismas que antes eran corruptas, hoy son "socios" de la 4t.
Tal es el caso de ICA, Grupo Carso, Grupo Hermes, Grupo Empresarial Ángeles, Constructora y Edificadora GIA+A las cuales tienen el 51% de total del monto asignado a esta obra faraónica. Por lo tanto, se les quitó la concesión anterior sólo para volvérselas a dar, pues es claro que, o se tienen las pruebas contundentes de la corrupción imperante y se castiga con todo el peso de la justicia (algo que este gobierno ha demostrado que no va a hacer) o el gobierno encontró una forma de ser parte de esa corrupción imperante.
La obra, cuyo costo asciende hasta la fecha a $4,700 millones de pesos, sigue sin demostrar en todos los sentidos que puede ser funcional, pues si son ciertos los reportes de algunas personas ayer que denunciaban en Twitter, se tuvieron que suspender vuelos de la Ciudad de México y Toluca para poder hacer la demostración de un supuesto funcionamiento normal. Esto es algo que se venía anunciando desde antes de iniciar el proyecto, pero una vez más, fue más fuerte la idea catastrófica de una persona que la lógica de la razón.
Finalmente, mientras en otras partes del mundo se hacen inauguraciones con obras terminadas y funcionando, en este país de ilusiones, se ejecutan cortes de listón con simulacros mal diseñados de una prosperidad que aún no llega. El eterno discurso de la bienaventuranza sigue haciendo eco entre aquellos que ven este tipo de acciones como un gran logro, a pesar de que no se ha demostrado realmente nada.
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